San Salvador, 30 de noviembre de 2017. La Ministra de Trabajo y Previsión Social, Licda. Sandra Guevara y las funcionarias del Gabinete de Gobierno que integran la Red de Mujeres para la Igualdad, suscribieron un pacto con el cual reafirman su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres.

El pacto se concretizará a través de acciones comunes, articuladas y coordinadas cuya finalidad es el fomento de una vida libre de violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo.

La firma, que se realizó en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Dicho pacto surge debido a las diversas formas de violencia y expresiones discriminatorias que se ejercen contra las mujeres que se encuentran en el ejercicio de las funciones públicas, cumpliendo así uno de los mandatos que plasmados en la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres.

La Ministra de Trabajo recordó que hay 21 mujeres con cargos de decisión en el Gabinete de Gobierno, entre ellas, 3 ministras y 4 viceministras, quienes vienen impulsado iniciativas a través de la Red de Mujeres Funcionarias, que es un espacio que fomenta la igualdad de género en las políticas públicas.

Como funcionarias públicas y representantes de las instituciones y en el marco de sus competencias, la Ministra informó que implementarán acciones como:

• > Fomentar alianzas entre mujeres funcionarias para el logro de una vida libre de violencias.
• > Generar conciencia al interior de las instituciones públicas, sobre la importancia de mantener los ambientes de trabajo libre de todas las formas de violencia de género.
• > Hacer una revisión de las herramientas legales que están a favor de las instituciones para el resguardo de los derechos a las mujeres empleadas y funcionarias públicas a vivir una vida libre de violencia.
• > Posicionar en la opinión pública el derecho de las mujeres empleadas y funcionarias públicas a un ejercicio de la función pública libre de todas las formas de violencia y discriminación, entre otras.