San Salvador, 08 de julio de 2016. La Ministra de Salud, Dra. Violeta  Menjívar, en conferencia de prensa junto a Hugo González, Representante de UNFPA en El Salvador, aseguró que "en 2015 se registraron embarazos en 1,500 niñas entre 10 y 14 años, pero no se persigue al familiar, conocido o amigo que la embarazó, por lo que invitó al sistema de justicia a involucrarse en el tema".

 La Ministra insistió en los problemas que existen en muchos casos para aplicar la ley. “Si hay 1,500 casos de niñas embarazadas, hay igual número de violadores que deberían estar siendo procesados. Por eso pedimos al Órgano Judicial que agilice algunos casos, que actúe de oficio en otros, para que podamos proteger a las niñas y adolescentes”.

El artículo 163 del Código Penal de El Salvador puntualiza que “el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince años y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años”.

La ministra también agradeció al UNFPA el esfuerzo de sintetizar en un documento toda la información que recabó el Ministerio de Salud en el 2015.

Por su parte el representante del UNFPA, Hugo González, aseguró que el embarazo en niñas y adolescentes debe ser considerado como una de las formas de violencia que más impacta en las aspiraciones personales y la salud de este grupo poblacional.

 “En las niñas sobrevivientes de violencia sexual, el inicio forzado de la maternidad se convierte en una barrera casi insuperable para acceder a derechos fundamentales como la educación y la recreación, a la vez que pone en riesgo su salud y las coloca en absoluta desventaja para la construcción y realización de un plan de vida que les permita su pleno desarrollo como mujeres”, afirmó el representante de UNFPA.

Ambos funcionarios reiteraron que el estudio presentado también será útil para que los tomadores de decisiones actúen y de aquí puedan surgir iniciativas de parte de la Asamblea Legislativa, por ejemplo para eliminar los matrimonios infantiles; que el Ministerio de Educación amplíe la educación integral en sexualidad, lo que podría retrasar el inicio de embarazos tempranos y que no se expulse del sistema educativo a las niñas y adolescentes embarazadas; que la Fiscalía General de la República (FGR) persiga de oficio el delito de violación, entre otros.