Linda Aracely Amaya de Morán
Directora Ejecutiva del CONNA

El embarazo en niñas y en adolescentes es una forma de violencia sexual que además vulnera y amenaza el ejercicio pleno de derechos como a la vida, integridad personal, a una vida libre de violencia, a la autonomía personal, a la seguridad, y al libre ejercicio de la sexualidad. También vulnera su derecho a la educación al interrumpir su trayectoria escolar y su proyecto de vida, provocando la reproducción del ciclo de la violencia y la pobreza.

Dada la importancia que tiene la generación de evidencia científica para tomar decisiones, el Mapa de Embarazos 2020 presenta el comportamiento de esta práctica nociva y perjudicial para la vida plena de las niñas y las adolescentes, mostrando el acceso a su educación, a servicios de salud sexual y reproductiva y la incidencia que tiene la violencia sexual durante el período de 2017 al 2019.

A través de esta fotografía y su narrativa se pretende seguir motivando la acción y la corresponsabilidad entre familias, Estado y sociedad para proteger a las niñas y las adolescentes de formas de violencia sexual como los embarazos.

Para el Estado salvadoreño el Mapa de Embarazo es clave porque aporta data para el análisis reflexivo de la dimensión del embarazo, y orientar la continuidad de esfuerzos de formulación e implementación de acciones de política pública, encaminadas a garantizar derechos a las niñas y las adolescentes y de esta manera erradicar el embarazo a mediano y largo plazo.

Esta evidencia recopilada en el Mapa de Embarazo 2020 se enmarca en lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño en 2018, al instar al Estado salvadoreño a recopilar y analizar de forma puntual y periódica información sobre el embarazo en niñas y en adolescentes.

Invito a explorar esta nueva producción de información a través de la cual se muestra un trazo de la realidad de las niñas y las adolescentes que enfrentan embarazos, con la finalidad de contribuir a cambiar la normalización con la que socialmente se asumen en las familias y la comunidad.

Solo a través del trabajo conjunto entre las instituciones estatales, la sociedad y las familias podremos cambiar los paradigmas necesarios que permitan crear perspectivas y oportunidades de desarrollo para las niñas y adolescentes del país.